juridico

«Consejo legal para el 2020: cuando escribamos una fecha en documentos durante este año se hace necesario escribir 2020 al completo. Por ejemplo: 31/01/2020 y no 31/01/20, pues cabe la posibilidad de que alguien lo cambie y escriba detrás 31/01/2019 o cualquier otro año de conveniencia». Ya han recibido muchas personas un mensaje como este a través de las Redes Sociales.

Pues este consejo no es ninguna broma. Por muy irrisorio que parezca, el hecho de no especificar la fecha de un contrato puede derivar en un embrollo jurídico, un ejemplo claro sería de que la persona firmante de un contrato de alquiler de un piso quiera hacer creer que reside en dicho piso desde un tiempo que no se asemeja a la realidad. Es por ello que es fundamental revisar este detalle para evitar posibles fraudes, pero especialmente en el año que entra. «Si en 2019 la gente ponía 19, la única forma de falsificar la fecha sería con un año comprendido entre el 1900 y el 1999. Con el 20, el rango de fechas es más flexible», indica Sergio Carrasco, jurista de Fase Consulting.

«Siempre es recomendable escribir la fecha con letras [‘dos mil veinte’ en lugar de 2020] para evitar problemas», recomienda Carrasco, que recuerda que «como se emiten firmas electrónicas y cada vez más documentos se firman de forma electrónica que ya incorporan la información completa de la fecha, estos problemas sólo afectarían a escrituras manuscritas». Es importante decir que existen programas informáticos capaces de «ver si se han añadido números a posteriori».

Una manera eficaz de evitar la posible falsificación sería mediante la colocación de un punto al final de dicha fecha, aunque, por supuesto, lo más fiable siempre será la prueba testifical. «Tener testigos presenciales te salvaría de un apuro, además de disponer de cualquier otro elemento que aporte contexto a la firma». De este modo, si existe una posible disputa por la fecha, no sólo servirían los dígitos del contrato, sino que para demostrar cuál fue el momento real también se puede recurrir a recibos, facturas o cualquier otro tipo de justificante.

El delito de falsedad documental

El artículo 390 del Código Penal da lugar a penas de prisión de tres a seis años, multas de 6 a 24 meses e inhabilitación especial por un tiempo de dos a seis años para los funcionarios públicos o autoridades que falsifiquen documentos públicos oficiales o mercantiles. En el caso que realiza el fraude un particular será penado con entre seis meses y tres años de cárcel, así como con una sanción económica de seis a 12 meses. La condena iría de seis meses a dos años en las falsificaciones de documentos privados.

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

WhatsApp chat